Efectos del COVID-19 en
las residencias para personas mayores
José Luis Rodríguez-Díez
@jlroddie
Resumen
La pandemia del COVID-19 ha incidido, especialmente, en las personas mayores que viven en residencias en toda Europa. Varios factores explican esta elevada incidencia: el tamaño y arquitectura, los recursos, las medidas adoptadas en los primeros momentos y la elevada edad de las personas mayores institucionalizadas. Se plantea el debate sobre el carácter público o privado de estos centros. En esta tesitura la Pedagogía Social toma un papel esencial y fundamental ya que se nos presenta una oportunidad única e irrepetible de aprender de nuestros errores a todos los niveles, político, social y personal.
Descriptores:
COVID-19; Residencias para personas mayores; Pedagogía Social; Educación
Social.
Afirmar
que la pirámide de población de España continúa su proceso de envejecimiento no
es nada nuevo. Según los datos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de
Estadística (INE) a 1 de enero de 2019 había 9.057.193 personas mayores de 65
años, un 19,3% sobre el total de la población (47.026.208) (Dato definitivos
publicados el 27-12-2019) y en las próximas décadas, 30 y 40 especialmente, la
cifra de mayores de 65 años se verá incrementada de forma notable con la
llegada a la vejez de las voluminosas cohortes nacidas durante el baby boom
del siglo XX (Pérez Díaz; Abellán; Aceituno y Ramiro, 2020).
Así
mismo, el volumen de negocio dirigido a las personas mayores crece de forma
exponencial, especialmente en el sector de las residencias para mayores donde en
2019 la facturación de las empresas gestoras de residencias alcanzó los 4.650
millones de euros, según se recoge en el estudio del Observatorio Sectorial DBK
de INFORMA y se preveía un aumento hasta situarse en unos 4.850 millones en
2020. En 2019 el número de centros residenciales para mayores en nuestro país era
de 5.417. De ellos 3.844 con titularidad privada y 1.573 eran de carácter
público como informa “Envejecimiento en red”. El número de plazas ofertadas se
distribuye en 271.696 plazas en las de titularidad privada y 101.289 en las públicas,
que hacían un total de 372.985 plazas.
Estos
datos nos llevan a reflexionar si cuando el sector público no cubre una
necesidad, surge la iniciativa privada entendida como negocio.
Sin
embargo, ni en nuestros sueños más extraños podíamos haber imaginado que un
virus paralizara el mundo y afectara especialmente a las personas mayores que
viven en residencias, causando verdaderas tragedias en algunas de ellas. A
fecha 8 de mayo de 2020 habían fallecido 17.608 personas en estos centros lo
que supone el 67% del total de fallecidos notificado oficialmente por el
Ministerio de Sanidad, aunque también hay muchos centros sin un solo caso “pero
una vez que entra el virus, es fácil que se expanda” como afirma Joseba
Zalakain director del Centro de Documentación y Estudios SiiS y experto en
servicios sociales que supervisa, junto a otros investigadores europeos, las
cifras sobre mortalidad en estos centros. (El País, 2020)
Esta
pandemia ha destapado el desconocimiento general sobre las residencias de
mayores y la dispersa y escasa información sobre ellas a todos los niveles:
social, político y sanitario, dañando la imagen y el buen hacer de la mayoría
de estas instituciones y del personal que en ellas trabaja.
Ante
estos datos, la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal Delegado para
la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y de la red de
Fiscalías Provinciales, a fecha 8 de mayo de 2020, ha abierto 176 diligencias
civiles y 143 penales en relación con el amparo de los derechos individuales y
colectivos de estas personas "en situación de vulnerabilidad".
España
no ha sido una excepción en Europa ya que un informe publicado por el Centro
Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades afirma que un elevado
número de estos centros se ha visto afectado en Europa. Los fallecimientos en
países como Noruega o Bélgica suponen más de la mitad de todos los casos y en
Francia más de un tercio de la mortalidad por COVID-19 se concentra en residencias
de mayores.
Según
Zalakain (El País, 2020), tres factores determinan la incidencia del COVID-19
en las residencias de mayores: 1º. El tamaño y diseño arquitectónico de la
residencia, si tenía habitaciones individuales o compartidas y si se podía
sectorizar. 2º. Los recursos con los que cuenta, como ratio de profesionales,
formación o remuneración y 3º. Qué medidas se adoptaron una vez se inició la
epidemia. Con respecto a estos factores añadiríamos que la principal
característica demográfica de las residencias es que la población
institucionalizada está fuertemente envejecida ya que el 79% de toda la
población que vive en residencias tiene más de 80 años lo que supone,
generalmente, otras patologías previas y limitaciones para las actividades de
la vida diaria por lo que las interacciones del personal con ellos tienen que
ser más cercana y suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con
población igualmente vulnerable.
La
alta mortandad en las residencias para personas mayores ha reabierto el debate
sobre la titularidad de las residencias en España y desde algunos sectores se
reclama que las residencias sean públicas pues han relacionado titularidad
privada con mortandad, como afirmó Juan Carlos Monedero en el Canal 22 de la
televisión púbica mexicana “de los 22.500 fallecidos, prácticamente la mitad
son ancianos que han fallecido en residencias de ancianos privadas o de gestión
privada”. Sin embargo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que
representa al 80% del sector, aseguraba que sus centros tenían 2.200 camas de Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) vacías en todo el país en los peores momentos de
la crisis a pesar de que el decreto de estado de alarma declarado por el
Gobierno en virtud del real decreto (463/2020, de 14 de marzo) aprobado por el
Consejo de Ministros pone "todos los medios sanitarios civiles y
militares, públicos y privados" a disposición del ministerio de Sanidad.
Más
allá de la actuación de la Fiscalía y de la utilización partidista de los datos
de fallecidos en residencias de personas mayores se hace necesaria por parte de
los Estamentos implicados una estricta inspección de todas ellas para
garantizar la calidad de vida de los y las usuarios y usuarias unificando
criterios para desarrollar la Ley de la Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de
diciembre) de igual manera en todas las Comunidades Autónomas.
Y
a nivel personal y social una profunda reflexión sobre qué estamos haciendo con
nuestros mayores. La postura de países como Bélgica u Holanda que optan por no tratar
a los más mayores ni a los más débiles en los hospitales y el documento de la
Generalitat catalana que proponía no ingresar a los mayores de 80 años en la
UCI son, desde los aspectos éticos y morales, inaceptables además de
inconstitucionales en el caso de la Generalitat (artículo 14 de la Constitución
española).
En
la historia de la humanidad no se había producido una situación similar a la
que estamos viviendo en el mundo entero, por tanto, es una oportunidad única e
irrepetible de aprender de nuestros errores como sociedad y como individuos. En
esta tesitura la Pedagogía Social toma un papel esencial y fundamental para que
grupos de pedagogos y pedagogas se preparen y puedan poner sobre la mesa las herramientas
y las estrategias para comenzar la nueva época que se avecina. Hay que
desbancar, de una vez por todas, las connotaciones negativas del envejecimiento
biológico que identifican aumento de la edad con deterioro, decadencia e
improductividad y que están asentadas en esquemas del siglo pasado no superados
todavía ya que esto propicia la invisibilidad de lo que ocurre dentro de los
centros residenciales para personas mayores.
No
es el momento de debatir entre el carácter público, concertado o privado de las
residencias para personas mayores; ya habrá tiempo, ahora es el momento de
ponernos todos a trabajar para mejorar las residencias de mayores y la calidad
de vida de sus usuarios y usuarias, ahora es el momento de la Educación Social,
como afirma Sergio Fernández presidente del Colegio Oficial de Educadoras y
Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid “es necesario tanto transmitir a
las administraciones públicas las situaciones de precariedad y limitación que
se han vivido y se siguen viviendo en los recursos, programas y servicios, y
que pueden ser mejoradas, como aprovechar las oportunidades que esta situación
de emergencia no sólo sanitaria y económica, sino social, ha visualizado en
torno a la garantía del derecho a la Educación Social como servicio esencial
para la ciudadanía”.
Referencias
·
Alianza
de la Sanidad Privada en España: https://aspesanidadprivada.es/
·
Constitución española: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
·
El País (28 de abril de 2020). La pandemia golpea a las
residencias de mayores de toda Europa. Recuperado de:
·
Entrevista
a Juan Carlos Monedero en Canal 22 de México:
https://www.youtube.com/watch?v=dqQsHrxLaIw
·
Envejecimiento en red: http://envejecimientoenred.es/
·
INE:
https://www.ine.es/
·
Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia:
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
·
Observatorio
Sectorial DBK: https://www.dbk.es/
·
Pérez
Díaz, J., Abellán, A., Aceituno, P. y Ramiro, D. (2020). “Un perfil de las
personas mayores en España, 2020. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid,
Informes Envejecimiento en red 25. [Fecha de publicación: 12/03/2020].http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos2020.pdf
·
Portal
de la Educación Social en España (EDUSO): http://www.eduso.net/
·
Real
decreto (463/2020, de 14 de marzo) Decreto de estado de alarma
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
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